Recorte Diario de Sevilla 29.01.2017
Publicado en el Diario de Sevilla el 29 Enero 2017
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Que Sevilla necesita cuanto antes su Ciudad de la Justicia es un hecho que, pese a ser evidente y reiteradamente demandado, no termina de materializarse.
Más de quince años han transcurrido desde las primeras reivindicaciones puestas de manifiesto por los colectivos de jueces y magistrados, fiscales, funcionarios, abogados y demás profesionales al servicio de la Justicia y desde las primeras promesas de los distintos responsables políticos de las administraciones implicadas sin que, hasta la fecha, haya visos de que un proyecto tan necesario para nuestra ciudad, capital de Andalucía, sea una pronta realidad.
De las ocho provincias andaluzas tan sólo Málaga y Almería disponen de su propia Ciudad de la Justicia, estando previsto que la proyectada en Córdoba -en un estado de ejecución aproximado del 80%, según las últimas noticias publicadas- finalice el año 2017. Pero, ¿qué sucede con Sevilla?
En la actualidad los juzgados y tribunales de las distintas jurisdicciones se encuentran repartidos por la ciudad de Sevilla en diferentes localizaciones sitas en el Prado, la Buhaira y Viapol, lo que en la práctica supone una incomodidad absoluta para los profesionales que deben desplazarse cada día a varias de dichas sedes y, además, suele generar frecuentes confusiones a los propios ciudadanos que en no pocas ocasiones desconocen la existencia de diversos edificios judiciales y el concreto lugar en el que tiene su sede el Juzgado al que deben dirigirse, con la complejidad añadida de los cambios de ubicación y las mudanzas que se han sucedido en los últimos tiempos.
A pesar de que todos los sectores han venido reclamando la urgente necesidad de contar con una Ciudad de la Justicia que ponga fin a las molestias y al incremento de los gastos derivados de la desconcentración de sedes judiciales existente actualmente, ningún avance parece haberse producido como consecuencia de la manifiesta disparidad de criterios que, hasta la fecha, han mantenido la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla.
La Junta de Andalucía tiene competencias compartidas en materia de Administración de Justicia. En particular, le corresponden en exclusiva «los medios materiales de la Administración de Justicia», competencias que incluyen, entre otras, la construcción y reforma de los edificios judiciales y de la fiscalía (artículos 80 y 148 del Estatuto de Autonomía). Entonces, cabe preguntarse, ¿cuál es el problema?, ¿por qué Sevilla no tiene Ciudad de la Justicia y, en cambio, sí la tienen Málaga, Almería y próximamente Córdoba, siendo la misma Administración la competente para llevar a cabo dicho proyecto?
Aparente e incomprensiblemente las discrepancias existentes entre ambas administraciones radican en la concreta ubicación del nuevo Complejo Judicial. Mientras que el anterior gobierno municipal apostó por la modernización y ampliación de la obsoleta sede del Prado, la Junta mantiene la opción de los terrenos de Los Gordales (para lo cual también se hace necesaria la colaboración de Patrimonio del Estado, en su condición de titular de parte de los indicados terrenos), propuesta esta última que parece que es compartida por el nuevo gobierno local.
Sea cual fuere la opción más válida, Sevilla no puede permitirse continuar sin Ciudad de la Justicia. Quien suscribe, tras profundizar en la cuestión, llega a la conclusión de que hasta la fecha ha habido una falta de voluntad y entendimiento político y un absoluto desinterés por buscar soluciones y realizar los esfuerzos precisos para dotar a Sevilla de un digno complejo judicial único que concentre todos los juzgados y tribunales.
La creación a mediados de 2015 de una Comisión Mixta de carácter técnico constituida por distintos representantes de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Sevilla para trabajar en la ubicación y en el Proyecto de la Ciudad de la Justicia fue recibida con optimismo por aquellos que consideramos necesario que ambas administraciones alcancen de forma inminente un acuerdo.
Sin embargo, lo cierto es que todavía no hemos podido apreciar los frutos del trabajo de la referida Comisión. Prueba de ello es que el pasado mes de octubre el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2017 y ninguna partida presupuestaria ha sido prevista al respecto.
Confiemos en que ambas administraciones estén a la altura de las circunstancias y, ahora que sus responsables máximos en la materia son, respectivamente, fiscal y abogado, del mismo signo político además, puedan alcanzar un punto de encuentro que desbloquee definitivamente la situación en el imprescindible y necesario beneficio de los ciudadanos y de los operadores jurídicos.
