PRINCIPALES MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR EL REAL DECRETO-LEY 6/2023, DE 19 DE DICIEMBRE

El pasado 20 de diciembre se publicó el Real Decreto-ley 6/2023 (RDL 6/2023), por medio del que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de Servicios Público, Justicia, Función Pública, Régimen Local y Mecenazgo.

Constituye el objeto de la presente Nota Informativa realizar una exposición acerca de las principales novedades que se contienen en el Libro I del RDL 6/2023, que entrarán en vigor a los tres meses de su publicación en el BOE, esto es, el próximo 20 de marzo de 2024. Los Libros II, III y IV introducen modificaciones en materia de función pública, régimen local, medidas fiscales relativas a entidades sin fines lucrativos y de incentivos al mecenazgo.

1.- PRINCIPALES NOVEDADES EN MATERIA DE VISTAS TELEMÁTICAS Y ACTOS DE COMUNICACIÓN.-

  • Con carácter general, las vistas en las jurisdicciones civil y penal se celebrarán telemáticamente, salvo las excepciones que se prevén expresamente en las leyes reguladoras de los diferentes órdenes jurisdiccionales.

A modo de ejemplo y tal y como detallaremos más adelante, en la jurisdicción civil en los supuestos en los que haya de practicarse una declaración de parte, testifical o pericial, o se trata de la exploración de la persona menor de edad, el reconocimiento judicial personal o la entrevista a persona con discapacidad, será necesaria la presencia física de la persona que haya de intervenir, salvo que resida en municipio distinto, intervenga en condición e autoridad o funcionario público o que el juez o tribunal disponga otra cosa en atención a las concretas circunstancias de cada caso.

En cuanto a la Audiencia Previa, las partes y sus representantes procesales deberán comparecer por medio de videoconferencia cuando el tribunal lo acuerde de oficio o lo solicite alguna de las partes.

  • Por otra parte, se prevé la retransmisión de los actos de juicio, vistas y otras actuaciones que, con arreglo a las leyes procesales, deban practicarse en audiencia pública, cuando se celebren con la participación telemática de todas las personas que intervengan en la vista.
  • La vía telemática se constituye como regla general de comunicación en relación con todos los sujetos intervinientes en un proceso que estén obligados al empleo de los sistemas electrónicos existentes en la Administración de Justicia. En el caso de personas físicas que no actúen representadas por Procurador, podrán elegir si se comunican en papel o por medios electrónicos.

No obstante, los actos de comunicación se practicarán también por medios electrónicos con aquellos sujetos que, no estando obligados al empleo de tales medios, se hubieran obligado contractualmente a hacer uso de los mismos para resolver los litigios derivados de tal contrato.

  • Respecto de los sujetos que no están obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia, se establecen tres supuestos, en atención al tipo de acto de comunicación:
  • Primer emplazamiento o citación al demandado: se podrá practicar mediante remisión al domicilio o en forma telemática, si bien en este último caso sólo producirá efectos cuando sea aceptado voluntariamente por su destinatario.
  • Comunicación para la realización o intervención personal de las partes en determinadas actuaciones procesales que no sean primer emplazamiento o citación al demandado: se realizará según lo anteriormente indicado, salvo que el interviniente haya optado previamente por el uso de medios electrónicos, en cuyo caso, la notificación electrónica producirá efectos si transcurren tres días sin que el destinatario acceda a su contenido.
  • Otros actos de comunicación: mediante remisión a cualquiera de los lugares que se hayan designado como domicilio, aunque no conste su recepción, o por medios electrónicos, cuando el destinatario haya optado por los mismos, siendo válida la notificación cuando hubieran transcurrido tres días sin que el destinatario acceda a su contenido.
  • Se indica expresamente que, en aquellos supuestos en los que un acto de comunicación de lugar a la apertura de un plazo procesal, el inicio del cómputo del mismo no se producirá hasta el momento en que consten recibidos por el destinatario todos los elementos que componen el acto de comunicación.
  • El RDL 6/2023 configura el Expediente Judicial Electrónico como elemento central de la justicia digital.
  • Posibilidad de conferir representación poder apud acta al procurador por comparecencia electrónica. Este apoderamiento debe llevarse a cabo en el momento de presentación del primer escrito. Se creará un Registro Electrónico de Apoderamiento de la Administración General del Estado y los apoderamientos allí inscritos producirán efectos en el procedimiento judicial.

2.- PRINCIPALES NOVEDADES EN EL PROCEDIMIENTO CIVIL.-

A.- Juicios verbales y ordinarios.-

  • Se tramitarán por los cauces del procedimiento ordinario:
  • Las demandas en que se ejerciten acciones colectivas relativas a condiciones generales de la contratación;
    • Aquellas cuya cuantía exceda de quince mil euros.
  • Se tramitarán por los cauces del juicio verbal:
  • Las demandas en que se ejerciten acciones individuales relativas a condiciones generales de la contratación;
    • Las demandas en que se ejerciten acciones relativas a la Ley de Propiedad Horizontal, siempre que versen exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad, con independencia de la cuantía;
    • Las demandas en las que se ejercite la división de cosa común;
    • Las demandas cuya cuantía no exceda de quince mil euros.

B.- Actos procesales de comunicación.-

  • Tal y como se ha expuesto anteriormente, como regla general las notificaciones se llevarán a cabo de forma electrónica. De este modo, se llevarán a cabo por medios electrónicos los actos de comunicación con aquellas personas obligadas a relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia no representadas por Procurador, incluso en el caso de primer emplazamiento o citaciones. Si en tres días el destinatario no ha accedido a su contenido, se publicará el emplazamiento o citación en el Tablón Edictal Único. Asimismo, podrá practicarse la comunicación mediante entrega de la resolución en sede judicial si allí se personase el obligado.
  • Todas las actuaciones que deban realizarse fuera del partido judicial donde radique la sede del tribunal que conozca del proceso se realizarán de forma telemática, siempre que las oficinas judiciales tengan los medios técnicos para ello.

Se exceptúan aquellos actos que tengan por objeto la audiencia, declaración o interrogatorio de partes, testigos o peritos, la exploración de un menor, el reconocimiento judicial personal o la entrevista de persona con discapacidad. Con todo, incluso en esos casos, se permitirá la celebración telemática bajo determinadas circunstancias.

  • Se prevén medidas para adaptar el expediente digital a personas mayores de ochenta años, que será de oficio, y a mayores de 65 años, que será a instancia de parte. Todos los procedimientos en los que alguna de las partes tenga ochenta años o más tendrán tramitación preferente.

C.- Presentación de escritos rectores de los procedimientos, documentos, práctica de prueba y presentación de Dictámenes Periciales en el juicio verbal.-

  • Se prevé la consignación en la demanda de los medios y datos electrónicos, y en su caso de número de teléfono, del demandante e igualmente para el demandado en la contestación a la demanda, en los supuestos en los que sea necesario realizar notificaciones, requerimientos o emplazamientos personales directamente al demandante o demandado o cuando éstos actúen sin procurador, y siempre que se trate de personas obligadas a relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia, o cuando elijan hacerlo pese a no estar obligadas, comprometiéndose a recibir por dichos medios cualquier comunicación que le dirija la oficina judicial. El compromiso se extenderá al proceso de ejecución de la resolución que ponga fin al juicio.
  • Se mantiene la posibilidad de presentar documentos privados mediante imágenes digitalizadas, si bien se especifica que su presentación habrá de realizarse conforme a la normativa técnica del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica sobre imagen electrónica. En caso de que se impugnara la autenticidad del documento, podrá llevarse a los autos original, copia o certificación del documento con los requisitos necesarios para que surta efecto probatorio.
  • Los profesionales, peritos y testigos que intervengan por videoconferencia lo harán desde la oficina judicial correspondiente al partido judicial de su domicilio o lugar de trabajo, en el juzgado de paz de su domicilio o desde su lugar de trabajo. En caso de que dispongan de medios para asegurar su identidad, podrán hacerlo desde cualquier lugar, siempre que el juez lo estime oportuno. El uso de estos medios para la práctica de prueba debe solicitarse con antelación suficiente y, en todo caso, diez días antes del señalamiento.
  • Se modifica el plazo para la presentación de informes periciales en el procedimiento verbal. Los informes deberán aportarse en los treinta días siguientes a la presentación de la demanda o de la contestación, salvo que el tribunal prorrogue este plazo cuando la naturaleza de la prueba pericial así lo exija y exista una causa justificada.

D.- Recursos y ejecuciones provisionales.-

  • El recurso de apelación se interpondrá directamente ante la Audiencia Provincial, en lugar de ante el Juzgado de Primera Instancia que conoció del asunto.
  • No se podrá desistir del recurso de casación una vez señalado día para su deliberación, votación y fallo.
  • En el recurso de apelación, se aplicarán las reglas del vencimiento objetivo para la condena en costas. En cuanto al recurso de casación, si este fuera íntegramente desestimado, se impondrán las costas al recurrente, salvo que la Sala aprecie circunstancias especiales que justifiquen otro pronunciamiento. Si fuese estimado total o parcialmente, no habrá condena en costas.
  • En el marco de la ejecución provisional, se eximirá al ejecutado de abonar las costas del procedimiento si se cumple voluntariamente con lo ordenado por el auto de despacho en el plazo de veinte días desde que le fue notificado.

F.- Acumulación.-

  • Se permite la acumulación de la acción para instar la liquidación del régimen económico matrimonial y la de división de herencia en caso de que la disolución del vínculo se haya producido por el fallecimiento de alguno de los cónyuges y se conozca quiénes son los herederos. En tal caso, ambas acciones se sustanciarán de acuerdo con los trámites del procedimiento de división judicial de herencia.
  • Se permitirá acumular el procedimiento de división judicial de la herencia con el de liquidación del régimen económico matrimonial cuando uno o ambos cónyuges hayan fallecido.

G.- Prejudicialidad europea y suspensión.-

  • La cuestión prejudicial europea podrá plantearse por parte del Tribunal en cualquier fase del procedimiento y conllevará la suspensión del mismo. El auto de planteamiento de la cuestión prejudicial vendrá precedido de una providencia en la que se concretará la duda interpretativa o de validez del Derecho de la Unión, de lo que se dará traslado a las partes y, en su caso, al Ministerio Fiscal, por diez días. No cabrá recurso alguno contra la providencia y auto mencionados.
  • También podrá suspenderse un procedimiento si se encuentra pendiente ante el TJUE una cuestión prejudicial, planteada por otro órgano jurisdiccional de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, directamente vinculada con el objeto del litigio que conoce el tribunal. En este caso cabrá recurso de reposición contra el auto que deniegue la petición de suspensión del procedimiento y de apelación contra el que acuerde la suspensión

H.- Reclamación de honorarios de Procurador o Letrado.

  • En caso de reclamación de honorarios por parte de procurador o letrado a sus clientes, si son personas físicas, se deberá aportar el contrato con el cliente, de manera que el Juzgado pueda analizar el posible carácter abusivo de la petición.

3.- PRINCIPALES NOVEDADES EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO.-

  • La Administración deberá remitir a los órganos jurisdiccionales el expediente administrativo en soporte electrónico. Además, se exige a la Administración que identifique al órgano responsable del cumplimiento de la resolución judicial en la remisión del expediente, lo que a la postre acelerará la ejecución de la sentencia.
  • Cuando la solicitud de completar el expediente se produzca en los diez primeros días del plazo para formular la demanda o la contestación, se prevé el reinicio del plazo para la formulación desde la puesta a disposición del solicitante del expediente completo.
  • Se incrementan las sentencias susceptibles de ser recurridas en apelación, incluyendo aquellas que, por razón de su materia, pudiesen extender sus efectos a otros supuestos, independientemente de su cuantía.
  • Se sustituye la referencia a la adhesión al recurso de apelación por la posibilidad de utilizar el escrito de oposición a la apelación para, a la vez, articular motivos de impugnación de la sentencia apelada, con el consiguiente traslado a la contraparte para oponerse a la impugnación.
  • Posibilidad de interponer recurso de revisión contra el decreto del letrado de la Administración de Justicia que resuelva un recurso de reposición.
  • Modificación del régimen de las costas procesales, obligando al condenado en primera o única instancia al abono de una cantidad no superior a la tercera parte de la cuantía del proceso por cada uno de los favorecidos por la condena. Para los supuestos de cuantía indeterminada, las pretensiones se estimarán en 18.000 euros, salvo decisión razonada del tribunal en sentido alternativo. Para la fase de recurso, las costas se podrán imponer por el total, una parte o hasta una cifra máxima de estas.

4.- PRINCIPALES NOVEDADES EN EL PROCEDIMIENTO PENAL.-

  • Se establece como regla general y preferente la celebración de vistas telemáticas y la realización de actos de comunicación por esos medios. Así, tanto en fase de instrucción como en juicio oral, se realizarán de forma preferente mediante presencia telemática de los intervinientes a través de punto de acceso seguro, siempre que las oficinas judiciales o fiscales dispongan de los medios necesarios y salvo que el órgano judicial disponga lo contrario en atención a las circunstancias.
  • Como excepción a lo anterior, las comparecencias de los acusados serán, con carácter general, presenciales. El acusado deberá comparecer en la sede del órgano judicial si reside en su misma demarcación, salvo que concurran causas justificadas o de fuerza mayor. Si no reside en tal demarcación, la obligación de comparecer de forma presencial dependerá de la naturaleza del delito objeto del procedimiento.

5.- PROCEDIMIENTO TESTIGO. EXTENSIÓN DE LOS EFECTOS DE LAS SENTENCIAS.-

Podrán ser objeto del procedimiento testigo únicamente las demandas sobre acciones individuales relativas a condiciones generales de contratación, de acuerdo con las siguientes normas:

  • El procedimiento testigo puede iniciarse de oficio o a instancia de parte. El auto que acuerde la suspensión es recurrible en apelación con tramitación preferente.
  • Se producirá la suspensión del procedimiento posterior siempre que la demanda incluya pretensiones objeto de procedimientos anteriores planteados por otros litigantes; no deba realizarse un control de transparencia de la cláusula ni valorar la existencia de vicios en el consentimiento y, asimismo, que las condiciones generales de contratación impugnadas sean sustancialmente idénticas.
  • La suspensión del segundo y posteriores procedimientos en los que se acuerde la aplicación de este mecanismo se prolongará hasta la firmeza de la sentencia dictada en el procedimiento testigo.
  • La tramitación del procedimiento testigo y sus recursos tendrá carácter preferente.
  • Tras la firmeza de la sentencia dictada en el procedimiento testigo, el Tribunal indicará si considera procedente o no la continuación del procedimiento suspendido por haber sido resueltas o no todas las cuestiones planteadas en él en la sentencia del procedimiento testigo.
  • El demandante en el procedimiento suspendido podrá solicitar
  • el desistimiento de sus pretensiones;
    • la continuación del procedimiento para que se resuelva sobre el fondo, en cuyo caso, si el tribunal hubiese expresado que era innecesario continuar el procedimiento y dicta una sentencia estimatoria que coincide sustancialmente con lo resuelto en el procedimiento testigo, se podrá ordenar que cada parte abone sus costas y las comunes por mitad;
    • y la extensión de los efectos de la sentencia dictada en el procedimiento testigo, de modo que se procederá a la ejecución de la sentencia sin necesidad de iniciar un procedimiento declarativo.
  • Se prevé un incidente para solicitar la extensión de efectos de sentencias dictadas en procedimientos en los que se hayan ejercitado acciones individuales de condiciones generales de la contratación que sean firmes tras haber sido recurridas ante la Audiencia Provincial. Para ello, deben concurrir los siguientes requisitos: 
  • que los interesados se encuentren en idéntica situación jurídica que los favorecidos por el fallo;
    • que se trate del mismo demandado, o quien le sucediera en su posición;
    • que no sea preciso realizar un control de transparencia de la cláusula ni valorar la existencia de vicios en el consentimiento del contratante;
    • que las condiciones generales de contratación tengan identidad sustancial con las conocidas en la sentencia cuyos efectos se pretenden extender; y
    • que el órgano jurisdiccional sentenciador o competente para la ejecución de la sentencia cuyos efectos se pretenden extender fuera también competente, por razón del territorio, para conocer de la pretensión.
  • La parte condenada en el procedimiento previo podrá allanarse u oponerse a la solicitud, y el tribunal resolverá concretando la cantidad y podrá extender efectos en todo o en parte. Si no se cumpliese voluntariamente con la sentencia en el plazo de veinte días, se podrá instar la ejecución forzosa. 
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